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El sistema de pensiones en México ha experimentado en las últimas tres décadas un proceso de transformaciones profundas, impulsado por la necesidad de enfrentar desequilibrios financieros, cambios demográficos y presiones del mercado laboral. Durante los años noventa predominaban los esquemas de reparto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La creación del SAR-922 abrió el camino hacia la capitalización individual, pero fue la reforma estructural de 1997 la que consolidó el tránsito hacia un sistema basado en cuentas administradas por las AFORES. Desde entonces, el modelo ha continuado adaptándose a través de hitos clave como la reforma del ISSSTE en 2007, la introducción del esquema multifondo y de los fondos generacionales3, la reforma de 2020 que aumentó gradualmente las cotizaciones y flexibilizó el acceso a pensiones, y más recientemente, la creación en 2024 del Fondo de Pensiones para el Bienestar4. Estos cambios han buscado asegurar la sostenibilidad financiera del sistema y ampliar la protección social, aunque persisten desafíos relacionados con la cobertura y la suficiencia de las pensiones, en un país marcado por altos niveles de informalidad laboral.
En paralelo, el ahorro para el retiro ha adquirido un rol creciente en la economía mexicana. Con el paso del tiempo, los recursos administrados por las AFORES dejaron de ser únicamente un mecanismo de financiamiento de pensiones futuras para transformarse en un actor central dentro del mercado financiero. Esta acumulación de activos ha tenido implicancias directas sobre la dinámica macroeconómica, en particular en el crecimiento, el empleo y la inversión doméstica.
El análisis realizado en este estudio permite dimensionar esa influencia a partir de un marco econométrico aplicado a datos trimestrales entre 1997 y 2024. Los resultados muestran que los fondos de pensiones explican aproximadamente un 3,6% del crecimiento acumulado del PIB real en este período, con un efecto más marcado tras la reforma del ISSSTE en 2007. A través de su incidencia en la actividad económica, el sistema también ha contribuido a la creación de puestos de trabajo. Se estima que aportó un 1,3% del crecimiento del empleo formal registrado en el IMSS, lo que equivale a cerca de 160 mil puestos de trabajo. En la inversión, el rol es aún más evidente: De 4,2 pp. que ha crecido la inversión doméstica como porcentaje del PIB entre 2003 y 2024, 2,7 pp. son explicados por el ahorro previsional, equivalente a 64%.
Estos hallazgos adquieren mayor relevancia al ser contrastados con la experiencia chilena, pionera en la región. Si bien la metodología utilizada es la misma en ambos casos, los resultados no son estrictamente comparables porque los periodos de evaluación y la madurez de los sistemas difieren. En Chile, donde la capitalización individual se implementó en 1981, los fondos explican 7% del crecimiento del PIB real, 2,6% del empleo total y alrededor de un tercio del crecimiento de la inversión. En México, los efectos son de menor magnitud sobre el PIB y el empleo, pero muestran un mayor peso relativo en la inversión, reflejando la importancia del ahorro previsional como fuente de financiamiento en un contexto de bajo ahorro público, y la diferencia entre el nivel de informalidad laboral en ambos países.
En conjunto, la evidencia confirma que el sistema de pensiones en México ha trascendido su función original de proveer ingresos en la vejez para convertirse en un pilar de la economía. Sus efectos se extienden más allá de la esfera previsional y alcanzan dimensiones centrales de la macroeconomía, como el crecimiento, la creación de empleo formal y la inversión doméstica. La comparación internacional refuerza esta conclusión: pese a las diferencias de contexto y magnitud, tanto en México como en Chile los sistemas de capitalización individual han funcionado como motores relevantes del desarrollo económico de las últimas décadas, lo que subraya la importancia de continuar fortaleciendo el marco institucional que soporta a estos sistemas, con el fin de garantizar su sostenibilidad y su impacto económico y social. Finalmente, los resultados de este estudio muestran que las experiencias de Chile y México pueden servir de referencia para otras economías que estudian una modificación de sus sistemas previsionales buscando mejorar las pensiones de su población mediante un sistema financieramente sostenible y con favorables impactos en la economía.
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